Planes de empleo municipales, precarización del empleo y chantaje del paro

 

Planes de empleo municipales, caracterización del empleo y chantaje del paro

rafaEn Asturias los Ayuntamientos, con la connivencia del gobierno de Asturies, usaron el fraude laboral reduciendo a cenizas el Art. 15 del Estatuto de los Trabajadores y el acceso al empleo público bajo criterios de igualdad, merito y capacidad

            Desde que en 1995 el Ayuntamiento de Xixon, siendo Alcalde Vicente Álvarez Areces,  pusiera en marcha el llamado Plan de Inserción Laboral y Empleo Social (Plan Piles I), formulas análogas han sido puestas en práctica por una gran parte de los ayuntamientos asturianos, con la colaboración del Gobierno de Asturies, con escasa incidencia en la incorporación al mercado laboral de los beneficiarios/as de los mismos. Si bien es cierto que dichos planes han servido para que muchas personas, con dificultades especiales de acceso al mercado laboral, tuvieran unos mínimos ingresos durante un tiempo determinado, casi nunca ha sido superior a un año, así como para permitir a las mismas a acceder a algunas cotizaciones necesarias para acceder a prestaciones contributivas de desempleo o de otro tipo, no lo es menos que los mismos han servido fundamentalmente para evitar la salida a oferta pública de empleo de muchísimas plazas de empleo público, que de otra manera se hubiera tenido que ofertar, y para que los Ayuntamientos tuvieran contratados a miles de trabajadores en condiciones laborales y salariales muy inferiores a la de los convenio generales realmente aplicables. O lo que es lo mismo, dichos planes han servido a dichas corporaciones municipales para aprovechar la situación de paro y precariedad del mercado laboral privado, para intentar encubrir de política social y de empleo, lo que no era otra cosa que una forma más de generalizar dicha precariedad también al terreno del empleo público.

                Dicha situación se fue agudizando en la medida que el gobierno central del PP procedió a limitar las posibilidades de contratación de empleo municipal necesario para el normal desarrollo de las actividades de los ayuntamientos, pues los ayuntamientos dieron pasos tremendamente abusivos en la utilización de dichas formar para eludir los indicados limites, con el consiguiente añadido ahorro para las arcas municipales, eso sí a costa de las condiciones laborales y de salario de los/as trabajadores/as. Es decir, Ayuntamientos, con la connivencia del gobierno de Asturies, se convirtieron en empleadores que usaron el fraude laboral como regla, para continuar reduciendo a cenizas el principio de causalidad en la contratación, que establece el Art. 15 del Estatuto de los Trabajadores, y el principio de acceso al empleo público bajo criterios de igualdad, merito y capacidad.

                Recientemente a instancias de trabajadores/as hartos de ser contratados por planes de empleo, de duración mínima, que realizaban las mismas tareas que otros compañeros de plantilla fijos, pero cobrando mucho menos, organizaciones sindicales como la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) han logrado múltiples sentencias que consideraban, por un lado, despido improcedente el cese dichos contratos , por ser contratos en fraude de ley que debían presumirse indefinidos, como por otro lado, que las remuneraciones de los mismos debían ser las mismas que las fijadas por los convenios colectivos generales aplicables al resto de empleados públicos de cada ayuntamiento respectivo. Ello ha significado que los ayuntamientos tengan que abonar a cientos de trabajadores/as cantidades que por derecho le debieron haber abonado desde el primer día, no obligándoles a reclamar judicialmente sus derechos., como ha sucedido.

                Ahora ayuntamientos, con diversa mayoría política (con honrosas excepciones como los de Llangreu o Mieres), con el apoyo de la Federación Asturiana de Concejos han lanzado una ofensiva política y jurídica no para solucionar el problema de fondo, que es el de la contratación fraudulenta, sino para darle cobertura a dicho fraude y perpetuar lo. Reclaman dichos ayuntamientos, y también el gobierno de Asturies, seguridad jurídica, lo cual no deja de ser sorprendente pues no les preocupó hasta ahora ni la seguridad jurídica del empleo público, que sólo se logra con el respeto del principio de causalidad, y se presentan como víctimas, cuando las únicas víctimas son los/as miles de trabajadores/as que en esto más de 20 años han visto vulnerados sus derechos de acceso al empleo en condiciones de igualdad y dignidad. Causa, al que esto escribe, más sonrojo aún que sindicatos, de los llamados mayoritarios, hayan venido, y sigan siéndolo, participes de dicha política de contratación fraudulenta, dejando lo del “empleo digno, de calidad y con derechos” en una hermosa consigna solo para el 1º de Mayo.

                ¿Qué hacer ahora?, pues lo que sería razonable sería que Ayuntamientos y Principado abandone el “sostenella y no emendalla”, y lo primero llegasen a acuerdos con los cientos de trabajadores/as que siguen a día de hoy pleiteando en Juzgados y Tribunales defendiendo lo evidente, y por otro lado, procedan a abonar a los mismos las cantidades no prescritas que aún les deben. En segundo lugar, deberían no continuar buscando subterfugios o cobertura legal para mantener el fraude contractual, y exigir, por un lado, a quien corresponde, que es al parlamento y gobierno central que se elimine las trabas a la contratación laboral municipal que son claves en el deterioro de los servicios públicos municipales, y por otro lado, agotar todas las posibilidades legales para aumentar la oferta de empleo público municipal, que permita recuperar plantillas muy depauperadas por los últimos años de recortes y mejorar la necesaria eficiencia y eficacia de dichos sectores, lo cual solo se logra con empleo público estable y de calidad como premisa fundamental. En tercer lugar, introducir clausulas sociales en la contratación laboral municipal, que permitan por aplicación del principio constitucional y legal de merito, ayudar el acceso al empleo público municipal, ya sea temporal o indefinido, a aquellas personas que con igual capacidad demostrada, tenga peores condiciones sociales, personales o familiares que le dificultasen el acceso al empleo en condiciones de igualdad, introduciendo factores de baremación al efecto y/o formulas análogas a las de discriminación positiva por razón de discapacidad o de género. En cuarto lugar, y de forma más importante, hacer, por un lado, una apuesta decidida para recuperar para la gestión directa municipal cientos de sectores y servicios que se han entregado bajo el eufemismo de la externalización al mercado privado, con la consiguiente merma de calidad de los servicios y aumento del gasto definitivo municipal, y por otro, implementando lo que si serían verdaderos planes de empleo, que sería hacer una apuesta decidida por generar nuevos yacimientos de empleo en los concejos con mayor inversión pública y con colaboración también con la iniciativa privada en sectores de necesaria recuperación o potenciación. Con medidas de ese tipo se lograría generar más empleo y de más calidad, se evitarían condenas judiciales por caprichos de dirigentes políticos que pagamos todos/as y se paliarían situaciones de personas y familias que lo están pasando muy mal. Es evidente que en manos de los Ayuntamientos no están las principales herramientas para acabar con la lacra del paro, pero si algunas de ellas, pero algo más de lo que se ha venido haciendo se puede hacer,  y todo ello eso sin perjuicio de lo que es una realidad evidente que es que en la medida que avanza la robotización y mecanización de los sectores productivos más difícil va ser volver a estados de pleno empleo, lo cual nos obligará, quiérase o no, a recuperar propuestas de reducción de jornada laboral y de implementar propuestas de Renta Básica, o análogas, que permitan a la gente sobrevivir y eviten que se hunda la demanda necesaria para mantener la economía a flote.

                RAFAEL VELASCO RODRIGUEZ

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